El factoraje de G. 2,4 billones a proveedores de medicamentos ya está incorporado en la trayectoria fiscal hasta 2029
La cesión de derechos de cobro (CDC) por G. 2,4 billones —unos USD 403 millones— autorizada para atender deudas pendientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con proveedores de medicamentos fue incorporada por el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de la trayectoria fiscal de los próximos ejercicios. La operación aparece por primera vez en el informe de Situación Financiera de la Tesorería (Situfin), lo que permite observar el cronograma completo de una obligación que se extenderá hasta 2029. El monto será atendido mediante 36 cuotas mensuales con pagos desde septiembre de 2026, luego de que los proveedores manifestaran inicialmente su intención de ceder derechos de cobro por cerca de G. 3,07 billones, alrededor de USD 518 millones. El cronograma establece una amortización de G. 265.000 millones durante 2026, correspondiente a los cuatro meses restantes del año desde el inicio de los pagos, G. 796.000 millones para 2027, un monto equivalente para 2028 y los G. 531.000 millones restantes en 2029. Los ejercicios 2027 y 2028 concentran así G. 1,6 billones —USD 269 millones—, cerca de 67% del total autorizado, distribuyendo el compromiso a lo largo de cuatro ejercicios fiscales en lugar de concentrarlo en el período en que se originaron las obligaciones. Nathalia Rodríguez, gerente de Economía del MEF, explicó que el monto correspondiente a 2026 ya fue incorporado en las previsiones de gasto que restan del presente ejercicio y que el de 2027 forma parte del proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Ejecutivo, al tiempo que los G. 796.000 millones de 2028 también fueron considerados dentro de la trayectoria fiscal. La incorporación se produce en un escenario de presión sobre las cuentas públicas. A agosto el déficit fiscal acumulado alcanzó G. 6,99 billones —USD 1.180 millones—, equivalente a 1,7% del PIB, mientras que el resultado anualizado se ubicó en -2,9% del PIB; para el cierre de 2026 el MEF proyecta un déficit de 3,2% del PIB. La operación no es considerada por el MEF como una nueva emisión de deuda pública: Rodríguez diferenció estos pagos de las obligaciones vinculadas al servicio de la deuda generado por nuevas operaciones de financiamiento, y señaló que los desembolsos serán asignados al presupuesto del Ministerio de Salud y atendidos conforme al calendario de amortización establecido. El proceso no está cerrado. Del monto de G. 3,07 billones inicialmente planteado por los proveedores, unos G. 682.000 millones no fueron incluidos en la cesión autorizada, luego de que el Ministerio de Salud realizara una verificación individual de facturas y obligaciones para determinar cuáles cumplían las condiciones de ingreso al mecanismo; entre las excluidas se encontraban casos ya anulados o sin determinados códigos al momento de la contratación. Rodríguez indicó que se está evaluando con el Ministerio de Salud la posibilidad de concretar una segunda cesión de crédito con proveedores, cuyo monto elegible debería incorporarse nuevamente al análisis presupuestario y fiscal, ampliando potencialmente el calendario de compromisos que comienza a reflejarse en Situfin. Fuente: MarketData — análisis editorial Sudameris