La ampliación del déficit fiscal proyectado tensiona la Ley de Responsabilidad Fiscal y el costo de financiamiento soberano

El Poder Ejecutivo solicitará al Congreso una autorización en el Presupuesto General de la Nación 2027 para elevar el límite de déficit fiscal fijado en 1,5% del PIB por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) de 2013, con el objetivo de regularizar deudas atrasadas con proveedores del Estado. Según declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, el stock de obligaciones reconocidas al 31 de diciembre asciende a USD 1.270 millones, de los cuales unos USD 1.050 millones corresponden a proveedores de medicamentos y servicios del sector salud y aproximadamente USD 220 millones a contratistas de rutas e infraestructura. El nuevo plan financiero proyecta un déficit de 3,2% del PIB para 2026 y de 3,9% para 2027 —frente al 1,5% presupuestado originalmente para el ejercicio en curso—, cifra que se reduciría a 1,9% en 2027 una vez saldados los pasivos arrastrados. El deterioro se atribuye a la desaceleración de los ingresos tributarios derivada de la apreciación del guaraní y a menores transferencias provenientes de Itaipú y Yacyretá. El canal de transmisión hacia el costo de financiamiento opera por dos vías. La primera es el efecto desplazamiento: analistas de la consultora Mentu advierten que si el Tesoro recurre a emisión de bonos en el mercado local, competiría por recursos con el sector privado, ralentizando la convergencia a la baja de las tasas de interés de los préstamos corporativos y minoristas. La segunda es la carga de intereses futura, que reduce el espacio fiscal disponible para inversión en infraestructura y capital humano, en un contexto donde la formación bruta de capital público ya descendió a 1,6% del PIB en 2025 desde 2,9% en 2022. La deuda pública paraguaya alcanzaba USD 21.781,2 millones en abril, equivalente a 36,2% del PIB, y el déficit de 2025 cerró en USD 1.047 millones (2,0% del PIB) según el MEF, con una proyección de crecimiento económico de 4,5% para el ejercicio. Fitch Ratings mantiene la calificación soberana en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, y ya había advertido en abril sobre presiones fiscales crecientes y sobre el déficit de la Caja Fiscal, que acumuló G. 1,31 billones (USD 216 millones) en el primer semestre de 2026 pese a la reforma previsional de marzo. Fuente: MarketData — datos verificados vía EFE/Infobae, Última Hora, ABC Color y Fitch Ratings — análisis editorial Sudameris